lunes, 27 de agosto de 2012

En La Independencia exigen el cese de agresiones y hostilidades por parte del PVEM


***Bajo la Averiguación Previa 1385/2012 sindican como responsables al  Comisariado Ejidal Delmar Aguilar Alfaro, el Presidente del Consejo de Vigilancia, Arnulfo Aguilar Santiago, el Agente Municipal, Julio Velázquez, el excomisariado ejidal Raúl Jiménez Pérez y el expresidente municipal Armando Aguilar Jiménez.


Por Eleazar Domínguez Torres


Tuxtla Gutiérrez Chiapas, 27 de Agosto de 2012.-Integrantes del Ejido galeana del Municipio de la Independencia Chiapas solicitaron el cese inmediato a las agresiones físicas y psicológicas que vienen recibiendo por parte del Partido verde Ecologista de México quienes han obligado a emigrar a un grupo numeroso de habitantes de su comunidad por el solo hecho de no haberse alineado a este instituto político en las elecciones pasadas al tiempo de aplicarles multas económicas que se han visto imposibilitados en pagarlas, por lo que solicitaron la urgente intervención del Consejo Estatal de Derechos Humanos, del Gobierno del Estado, como de las autoridades encargadas en la administración y procuración de justicia.
En conferencia de prensa Delmar Aguilar Sánchez solicitaron además al gobernador electo Manuel Velasco Coello su intervención oportuna para frenar los hechos ilícitos que se vienen cometiendo en contra de algunos pobladores: “Los suscritos ejidatarios del Ejido Galeana del municipio de La Independencia Chiapas el día de hoy acudimos ante usted para solicitarle muy atentamente que intervenga en los abusos que han cometido contra nosotros lo miembros de su partido Verde Ecologista en nuestro ejido, que son el Comisariado Ejidal Delmar Aguilar Alfaro, el Presidente del Consejo de Vigilancia, Arnulfo Aguilar Santiago, el Agente Municipal, Julio Velázquez, el excomisariado ejidal Raúl Jiménez Pérez y el expresidente municipal Armando Aguilar Jiménez.
Quienes violando el artículo 22 de nuestra Carta Magna que prohíbe las multas excesivas, pretenden multarnos con la impagable cantidad de 30 mil pesos cada uno de nosotros por la única razón que no votamos por su partido, argumentando que es un acuerdo interno, somos mexicanos respetuosos de las leyes y sabemos que no hay ningún acuerdo que esté por encima de la Constitución”.
En el documento que fue también entregado a los representantes de los medios de comunicación explican que los antes indiciados están reclamando un pago total que suma 385 mil pesos y que les dieron de plazo hasta el pasado 26 de agosto para liquidarlos, situación que genera temor en ellos de que al no pagar la cantidad indicada tomen otras medidas contra los opositores  al Partido Verde Ecologista de México como los acontecimientos que se registraron ahí apenas el pasado 10 de agosto.
“Cuando los militantes de este partido nos sacaron de nuestros domicilios como al señor Octavio Pérez Espinosa de 66 años lo maltrataron y golpearon a su esposa María Estela Santiago Alfaro, dejándole moretones en los brazos, nos encarcelaron tres días y tres noches, nos mantuvieron incomunicados, no permitieron que nuestros familiares nos llevaran alimentos, nos dejaron pasar una comida al día solo a las tres de la tarde.
Nuestras necesidades las teníamos que hacer en el mismo cuarto ya las 62 horas de estar en la cárcel  nos sacaron para hacernos firmar un papel bajo presión en el que nos obligan a pagar 30 mil pesos cada uno y que no nos vayamos a quejar con ninguna autoridad por todo lo que nos hicieron porque si no vamos a tener otras represalias, violentando así nuestro derecho a la justicia”.
Por lo que consideran que el acuerdo que les hicieron firmar es nulo y que  se vieron obligados a interponer contra los agresores la Averiguación Previa 1385/2012 y que apenas el pasado 24 de agosto mediante un escrito les requirieron que se desistieran de la demanda ya que de no hacerlo el asunto lo pasarían a la asamblea general y tendrían que someterse a las consecuencias.
Al tiempo de solicitar que se haga valer el estado de derecho toda vez que por el momento se encuentran albergados en las oficinas de la Consultoría Estatal de Derechos Humanos en la calle Carranza 28-B del Barrio de San Diego en San Cristóbal de Las Casas ya que por el momento no pueden regresar a su comunidad.

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