Por Eleazar Domínguez Torres (*)
Bajo el análisis que define al
municipio: “como hecho objetivo, (su
población, su territorio y su gobierno) como objeto de derecho (su composición
jurídica) y como sujeto de derecho (de organización política, administrativa y
territorial, como una institución que podemos analizar como objeto de derechos
y obligaciones, que produce efectos
jurídicos, esto es, crea, modifica, transmite o extingue derechos y
obligaciones”) (1).
Por ello es necesario entender
que quienes gobiernan para el caso de Chiapas los 122 ayuntamientos son un
gobierno que deriva como resultado del proceso electoral, que fueron elegidos
bajo la modalidad del voto universal libre y secreto, cuyos electores
independientemente del partido que los postuló, ganaron la confianza para
representarlos en los ayuntamientos, por lo tanto quienes hoy representan la
organización política, administrativa y territorial durante la toma de protesta
juramentaron la observancia y el cumplimiento de las leyes, la General de la
República, la Local, así como la Ley Orgánica Municipal.
Es necesario precisar que casi
nunca se cumplen dichos ordenamientos lo que deriva en la generación de
acciones proclives para la desestabilización, las cuales pasan desapercibidas
por el H. Congreso del Estado de Chiapas, quienes si bien es cierto tienen el
marco jurídico referencial para la desaparición de los poderes municipales,
pocas veces o quizás nunca echan mano de las leyes que fueron creadas para retornar la paz, la tranquilidad y la
legalidad.
Porque para los diputados
locales, les es más fácil, que las autoridades municipales que fueron elegidas
tengan su protección y cobijo bajo ciertos acuerdos y prebendas que privilegiar
el retorno de la legalidad y de la gobernabilidad. Nunca he sabido y mucho
menos la sociedad conoce que un legislador de mayoría relativa, es decir
propietario del Distrito que representa asuma una actitud de interlocución de
sus representados para conciliar o pactar soluciones que atañen a determinado
municipio.
Bajo mi experiencia como
reportero de la fuente legislativa para varios medios de comunicación he tenido
que compartir el coraje de ciudadanos que llegan a buscar a determinado
diputado y la secretaria les responde: “El diputado no dará audiencias este
día”, cuando muchos de ellos vienen de comunidades muy apartadas y distantes
para encontrarse esa primer negativa de dialogar con su representante, a lo que
la mayoría de las veces responden: “si venimos a buscarlo hasta este lugar es
porque nunca va al Distrito como nos lo prometió durante la campaña”.
¿Qué plantea la ley y
específicamente el artículo 115 relativo a la desaparición de poderes
municipales?
Si bien es cierto el artículo 115
constitucional faculta a las legislaturas estatales para resolver conforme a
derecho este tema, la mayoría de las veces no intervienen generando con ello
una omisión que en la mayoría de las veces termina en confrontaciones entre la ciudadanía
y su gobierno municipal cuando los primeros exigen el cumplimiento de un Plan
de Desarrollo Municipal acorde a sus necesidades y los segundos prefieren hacerse los desentendidos.
Claramente el artículo 115
Constitucional, define los conceptos jurídicos y normativos del municipio como
la base fundamental y piramidal de gobierno, facultándole cierta autonomía no
debe de olvidarse que también son sujetos de derechos, y que están bajo la
observancia de la ley.
Debe recordarse que
exclusivamente en la LVIII Legislatura
Local del H. Congreso del Estado de
Chiapas, siendo presidente de la Gran Comisión, el diputado Francisco Sau Lara
y gobernador del estado; Julio César Ruiz Ferro, de 1994 a 1995, de los 111
municipios existentes en esa fecha el 50 por ciento de los municipios se
convirtieron en Consejos Municipales, cuya medida fue adoptada para evitar que
la ingobernabilidad que trascendía en los mismos pudiera afectar la estabilidad
estatal.
Aún recuerdo cuando en el
municipio de Villacorzo cubrí para el Periódico Nuevo Péndulo de Chiapas,
dirigido por Noé Farrera Morales el plebiscito que se realizó en el auditorio
municipal para designar a Robertoni Pereyra Balcazar, como Presidente del
Consejo Municipal, habiendo designado el Congreso del Estado al en ese entonces
diputado plurinominal perredista; Horacio Culebro Borrayas para representar en el escrutinio y cómputo a
la parte inconforme quien gano la estafeta del Consejo Municipal representado
por Pereyra Balcazar.
Por ello este trabajo, visto
desde mi perspectiva ocupacional; al tiempo de analizar las debilidades y las
carencias de un gobierno municipal,
plantea mecanismos sujetos a la adopción de las propias autoridades
municipales, verbigracia: si no conocemos nuestro cuerpo humano difícilmente
podemos elaborar un diagnóstico que
permita una evaluación e involución del mismo.
En este sentido el cabildo
municipal necesita saber con cuanto cuenta, su techo financiero basado en la
ley de ingresos y egresos de la federación y el estado para presupuestar las
estimaciones reales que le permitan llevar la obra pública a sus comunidades y
cabecera municipal, caso contrario si no conoce con lo que cuenta, difícilmente
tendrá un diagnóstico sustentado en las metodologías de la investigación, ni
mucho menos, de cómo atacar las necesidades y carencias demandadas por la
población.
Además tiene que hacer pública la
información de todos y cada uno de los recursos con los que cuenta, tanto
humanos y materiales, ya que si bien es cierto los ediles tienen la obligación
de transparentar su ejercicio mediante la Ley de Acceso a la Información, no todos
cumplen con dicho ordenamiento, ya que se ha detectado que tampoco mantienen
actualizada la información de sus portales de internet.
Lo que genera no sólo
desconfianza en el uso y en el manejo de los recursos públicos, sino hasta inconformidad ciudadana, que en la
mayoría de los casos si no se encauza conforme al derecho de petición y
asociación puede traducirse en violencia.
Uno de los retos y compromisos
que debieran asumir los presidentes municipales junto a su cabildo son la
búsqueda de alternativas que permitan la obtención de recursos adicionales sin
la necesidad de recurrir a endeudamientos pasados por la aprobación del
Congreso del Estado, toda vez que si bien es cierto permiten momentáneamente
resolver los pasivos y el déficit financiero generan mayores problemas que
pudieran convertir al municipio en un foco rojo, derivado de su problemática,
económica, política y social.
Por lo tanto la Comisión de
Hacienda y Vigilancia del H. Congreso del Estado de Chiapas, más que cumplir un
papel coercitivo para la obtención de los informes de la cuenta pública
municipal junto con el Órgano Superior de Fiscalización debieran estimular el
ejercicio del buen gobierno municipal
que permita la aplicación de las partidas presupuestales en sus
diferentes rubros y programas, al tiempo que evalúe y emita criterios para
corregir las debilidades y fortalecer lo bien hecho.
De tal suerte que la intervención
de la Comisión de Hacienda, así como de Vigilancia del H. Congreso del Estado
de Chiapas como del OSF se conviertan también en herramientas facilitadoras que
perfeccionen el manejo de los recursos públicos, y no meramente como juzgadores del mal manejo
de los mismos.
De ser necesario, se debe orientar a los munícipes la contratación
de despachos y prestadores de servicios calificados, que capaciten,
diagnostiquen y evalúen trimestral o semestralmente el ejercicio de su programa
de gobierno, el manejo de los recursos federales y estatales, como los recursos
adicionales para su correcta aplicación, bajo estímulos y reconocimientos
públicos, lo que indiscutiblemente permitirá un mayor involucramiento del
municipio como ente jurídico y administrativo haciéndolo más funcional.
En tal virtud se entiende que la
única manera de hacer más eficiente el ejercicio de gobierno es también con el
involucramiento directo de la sociedad, es decir de sus gobernados para que las
obras y programas sociales de desarrollo no se apliquen de manera caprichosa
por la determinación del edil y de sus regidores, ya que en ocasiones se
privilegian intereses personales o de
grupo-(partidistas)- cuyas decisiones desfavorecen a amplios sectores de la
ciudadanía.
¿Cómo se puede asegurar una mayor
participación de la sociedad gobernada?
Bajo mi perspectiva, uno de los
mayores ejes fundamentales tienen sustentarse en la gobernabilidad, y en la
medida que Ayuntamiento Municipal capitalice la inconformidad ciudadana en
mesas de atención y diálogo, buscándole alternativas de solución y de ser
necesario aprendiendo a tocar puertas en compañía de los inconformes en el
gobierno federal como el estatal, brindará confianza a sus gobernados que se
está haciendo lo correcto, y de la misma manera debe concientizar a los mismos
que tienen que sujetarse a los espacios y tiempos marcados por el gobierno
federal y estatal para la liberación de los recursos.
El uso de la fuerza pública
municipal para acallar y desmantelar la protesta ciudadana sin haber agotado
todos los mecanismos de diálogo y concertación también pueden ser un factor de
riesgo que puede convertir un conflicto territorial en extraterritorial.
Cuando un edil se esconde a
piedra y lodo de sus gobernados designando a funcionarios que no tienen
capacidad resolutiva y que solo ofrecen consultarlo para una respuesta
posterior, está abonando a que conflictos que pudieron ser menores se hagan
mayores. Bajo esta premisa es necesario destacar que si una marcha o un plantón
se traslada en este caso a Tuxtla Gutiérrez donde se encuentran los poderes
ejecutivo, legislativo y judicial, no tendría razón de ser si el Presidente
Municipal y su cabildo buscan desde su lugar de origen una solución pactada a
los conflictos sociales.
Es decir; en la medida que los
presidentes municipales tengan capacidad para responder a sus gobernados
conforme lo marca el derecho de petición y el derecho de asociación, estos,
pueden convertirse en un modelo de gobierno a seguir.
Mención aparte debe ser en este
apartado el papel de las Delegaciones
del Gobierno del estado de Chiapas, cuyos delegados o servidores
públicos, debieran también de contribuir y apoyar en la gobernabilidad
municipal.
Sin embargo es menester dejar
asentado que en la mayoría de las veces los delegados de gobierno, quienes
supuestamente han sido designados para ciertas delimitaciones territoriales no
cumplen su función, esconden y ocultan la información debida a la secretaría
General de Gobierno de la inconformidad que se suscita en los municipios.
Cuando las delegaciones o mejor
dicho los delegados de gobierno mantienen compromisos políticos y compadrazgos
con los ediles la información no fluye con veracidad, de tal suerte que cuando
grupos de inconformes llegan a Palacio de Gobierno, o al Congreso del Estado
nuevamente tienen que plantear su problemática, cuando se entiende que esta ya
debería estar tarjeteada y vinculada a ciertas dependencias para su solución.
Lo que complica y obliga a hacer
más tardado un posible acuerdo, lo que necesariamente lleva a los inconformes a
adoptar otras medidas (bloqueos carreteros, retención de funcionarios y
servidores públicos) que más solucionar
sus demandas, las hace más difíciles, por citar un ejemplo si primeramente se
luchaba por la liberación de los recursos del Fondo de Inversión Social para
beneficiar a un barrio o comunidad, luego tienen que luchar por la libertad de
sus presos, aunque la causa y el origen de su lucha haya sido motivada por un
hecho de justicia social.
Otro de los aspectos torales que
inciden en la ingobernabilidad, son la mala relación que el edil tenga con su
sindico, su tesorero, su director de obras y fundamentalmente con sus regidores
propietarios o plurinominales, no hay que olvidar que son los regidores donde
descansa la representación política tanto de la fuerza gobernante como de los
partidos políticos que participaron en el proceso electoral inmediato anterior,
cuya fortaleza o debilidad política puede estar sujeta a la capacidad o
incapacidad de quien en todo caso representa la estafeta territorial.
Al tiempo que deben aprovecharse
el uso correcto de las tecnologías de la información para utilizarlas como
herramientas necesarias que vinculen el ejercicio del gobierno municipal con la
ciudadanía mediante la instrumentación de gacetas que más que publicitar la
figura del edil y de su cuerpo edilicio permita periódicamente mantener
informado a los ciudadanos del destino y el manejo de los recursos públicos, al
igual que se patrocinen las actividades cívico culturales del municipio para
lograr una mayor identidad entre gobernante y gobernados.
Así como la realización de foros
y consultas municipalistas para la discusión y análisis de temas relacionados con
la problemática urbana y ambiental y de ser necesario solicitar el concurso y
la participación de los ediles correspondientes al Distrito para la realización
de acuerdos intermunicipales como delimitar el funcionamiento de los rellenos
sanitarios(basureros), la construcción de clínicas , escuelas del nivel
superior y otros que merezcan el concurso de la participación ciudadana de los
municipios correspondientes al Distrito.
La realización de las consultas
ciudadanas en temas torales como la Ley Seca, la seguridad, el alumbrado
público, obras de infraestructura urbana y rural como la distribución de
programas sociales, debiera adoptarse por los ediles como una medida necesaria
para evaluar el comportamiento de sus gobernados.
Otro de los puntos que deben de
estar en la mesa de la discusión para un buen gobierno municipal debería ser el
hecho de permitir que la ciudadanía evalúe el funcionamiento de los
funcionarios y servidores públicos, que muchas veces son colocados en el puesto
o en el encargo por el pago de facturas políticas que por sus conocimientos y
capacidades profesionales.
Los puestos administrativos de un
ayuntamiento durante los primeros 100 días de gobierno debieran ser sujetos a
una compulsa ciudadana, pudiera ser más sano y más barato darle las
gracias a un funcionario que ya demostró
su incapacidad para las funciones que le
fueron encomendadas que mantenerlo en el puesto. Y en tal virtud el cabildo
municipal debiera de calificar y certificar a sus funcionarios evitando con
ello todo síntoma de ingobernabilidad.
El caso del Secretario Municipal
que es el enlace directo entre el pueblo y su presidente municipal si atiende
mal a la ciudadanía no dirán los inconformes que fue el Secretario Municipal, y
el presidente tendrá que cargar con la culpa de su representante
administrativo.
(1)elrincondelvago.com
(*) Ha trabajado y colaborado
para diversos medios en él estado de Chiapas, cubriendo la fuente política, y
su actividad se vincula al periodismo social y de denuncia. Actualmente dirige
el blog: www.vozentupalabra.blogspot.com
Celular 9612546519.
eleazar_domínguez@yahoo.com.mx
