ACCIÓN
URGENTE: SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO FORZADO DE 40 FAMILIAS EN LAS FLORES,
CHICOMUSELO Y RIESGO DE UNA NUEVA AGRESIÓN POR GRUPO DE CORTE PARAMILITAR.
Por la gravedad de la situación narrada a
continuación, hacemos la petición urgente a personas, a la sociedad
civil, a organismos defensores de derechos humanos, medios alternativos,
colectivos, organizaciones a nivel nacional e internacional para que
manden sus llamamientos al Estado
mexicano para que asuma su obligación de
garantizar la vida, integridad y la seguridad de las 40 familias del predio
Francisco Villa, ejido Las Flores en Chicomuselo, Chiapas que se encuentran en
condiciones de desplazamiento forzoso, y para expresarle su preocupación por
estos hechos, y cumpla con su
obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, como lo
marcan los instrumentos
internacionales firmados y ratificados por México.
POR LA DEFENSA
DE LOS DERECHOS HUMANOS DE NUESTRO PUEBLO
COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS DE BASE DE CHIAPAS DIGNA
OCHOA
Envíe sus llamamientos a
las siguientes direcciones, con copia: ddhh.chiapas@gmail.com
Felipe de Jesús Calderón
Hinojosa
Presidente de la República
Tel: (52.55) 2789.1100 Fax: (52.55) 5277.2376
Correo: felipe.calderon@presidencia.gob.mx
Cuenta de Twitter: @FelipeCalderon y @GobFed
Alejandro Poiré Romero
Secretario de Gobernación
Fax: (52.55)
50933414;
Correo: secretario@segob.gob.mx,
contacto@segob.gob.mx
Cuenta
de Twitter: @SEGOB_mx
Juan
Sabines Guerrero, Gobernador de Chiapas. Correo: juansabines@chiapas.gob.mx
Noé
Castañón León, Secretario de Gobierno. Correo:secretario@secgobierno.chiapas.gob.mx
SITUACIÓN
ACTUAL DE RIESGO DE LAS FAMILIAS
DEL PREDIO FRANCISCO VILLA, EJIDO LAS
FLORES MUNICIPIO DE CHICOMUSELO.
Durante
la madrugada del día 19 y la mañana del 20 de septiembre, este Comité de
Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa acompañó a una brigada de la Organización Proletaria
Emiliano Zapata-Movimiento de Liberación Nacional (OPEZ-MLN) con el objetivo de documentar las graves violaciones de derechos humanos que se cometieron
a las mujeres, hombres y niños del predio Francisco Villa, ejido Las Flores,
municipio de Chicomuselo y de registrar sus testimonios; quienes fueron
víctimas de una atroz agresión de corte paramilitar el pasado 17 de septiembre
por más de 600 personas integrantes del ejido Monte Sinaí y de la OCEZ-DI , y presumiblemente
de corporaciones de la policía estatal.
Contando
con el conocimiento de la
Secretaría de Gobierno quienes no hicieron nada por contener
la agresión, si no por el contrario, existen testimonios de que entre los
agresores iban presuntos policías encapuchados y que se reunieron previamente con
el comandante de la policía judicial en una comunidad cercana, presumiblemente
para coordinar la agresión. Así también los elementos de la Policía Estatal Preventiva que
acudieron y que se encontraban cerca al lugar de los hechos no intervinieron y
solamente lo hicieron cuando el grupo agresor les entregó a las personas que
fueron privadas ilegalmente de su libertad.
Esta
brutal acción ha dejado graves secuelas: decenas de personas con heridas por
golpes con leños, piedras, machete y el uso de armas de fuego(uno de ellos por
arma de fuego), 8 personas torturadas y privadas ilegalmente de su libertad (siendo
liberadas el 19 de septiembre bajo caución), la destrucción total de 40
viviendas con todas sus pertenencias, el mismo número de familias desplazadas
forzosamente, y un clima generalizado de
miedo entre la población afectando sensiblemente a los niños, niñas y mujeres.
Diversos
testimonios que fueron recogidos en el predio narran que muchos se encontraban
con su familia en su vivienda cuando llegaron los agresores con armas, palos,
machetes y palos. Muchos de los agresores portaban armas y tenían el rostro
cubierto para evitar ser reconocidos.
Este
Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa pudo constatar la
destrucción total de las viviendas y de todas sus pertenencias de 40 familias,
las cuales fueron incendiadas con gasolina. Los agresores saquearon los
aparatos y propiedades de las viviendas. Los testimonios de las mujeres y
hombres del predio Francisco Villa fueron grabados en video y se tomaron
fotografías de los daños. Jóvenes que tuvieron a la mano un celular lograron
grabar momentos de la agresión en donde se puede apreciar el momento en que las
viviendas son incendiadas y el sonido de los disparos. (Se anexan fotografías)
“Me
golpearon con palo. Estaba en mi casa, me gritaron que saliera o de que nos
iban a quemar vivos. Me golpearon con piedras y palos. Me vendaron los ojos, me
amarraron con cable, me hicieron hincarme. Me golpearon varias veces en la
cabeza y en la espalda e hicieron disparos cerca de mis orejas…”
“Quisimos
dialogar pero no quisieron, vinieron a golpear, y quemar nuestras casas y
desalojarnos. Destruyeron todo dejando a la gente sin nada… Los niños y las
mujeres se espantaron mucho. Responsabilizamos de lo que nos pasó al gobierno
del estado, la OCEZ-DI
y el comisariado Marco Tulio de Monte Sinaí quien encabezaba…”
“Gracias
a dios que no hubo muertos, se sentían los balazos; nos agachamos abrieron
fuego. No queremos violencia, dónde vamos a vivir. Queremos un lugar dónde
vivir porque venimos de zona de riesgo con fracturas y deslaves [Las flores].
Llegaron tirando de Monte Sinaí y de la
DI [OCEZ-DI]. Gracias a dios nos dejaron salir pero a muchos
los golpearon y balearon. Entre la gente vimos que venían judiciales. Nos
encondimos en la montaña. Tenemos de que vuelvan, ya no queremos más violencia,
los niños están asustados y llorando. Queremos justicia”.
El
gobierno del Estado tuvo conocimiento de la situación antes y durante la agresión,
ya que distintas personas del ejido Las Flores les notificaron, incluso antes
de que ésta comenzara aproximadamente a las 11:00 horas y continuando durante
horas hasta el anochecer. El día de ayer en una reunión con pobladores del
predio Francisco Villa, Las Flores y miembros de la OPEZ-MLN , el Delegado de
Gobierno reconoció que tuvo conocimiento de la situación y lo notificó al
Secretario de Gobierno Noé Castañón León quien le respondió que enviarían a la
policía estatal para proteger la integridad y la vida de los pobladores de
Francisco Villa, lo que nunca ocurrió y según los testimonios de las víctimas,
la policía estatal protegió a los agresores.
Ante el inminente riesgo a su vida, integridad, libertad y seguridad personal, las
40 familias del predio Francisco Villa, ejido Las Flores se desplazaron forzosamente, tuvieron que
huir y para salvar la vida lanzarse a barrancos causándose heridas graves. Durante el tiempo que duró la
agresión armada se refugiaron en las montañas aledañas. En este momento se encuentran
en calidad de refugiados en el Ejido Las
Flores sin recibir atención médica, sin ropa, zapatos y alimentos suficientes.
Familiares y pobladores del Ejido Las Flores y de otras comunidades de la OPEZ-MLN se han
solidarizado con ellos en esta difícil situación de vulnerabilidad y
desplazamiento forzoso por el que están pasando.
De parte del gobierno estatal, hasta el día de ayer
solamente se abrió una mesa de atención por la tarde con personal de la Delegación de Gobierno
y de la Sub-Secretaria
de Gobierno Sierra-Mariscal, y ello ante la presión de integrantes de la OPEZ-MLN para que el
gobierno del Estado asuma su responsabilidad ante las graves violaciones de
derechos humanos y actúe en contra de los responsables mediatos e inmediatos del
desplazamiento forzado de las 40 familias en Las Flores. Limitándose a
simplemente ser correas de transmisión ante el Secretario de Gobierno para ver
la posibilidad de que se abra una mesa de diálogo entre ambos grupos. Y
asumiendo una posición de portavoces del grupo de la OCEZ-DI que amenazó con
posesionarse definitivamente del terreno el día de mañana.
Alertamos
sobre la situación de extrema vulnerabilidad en que se encuentran las 40
familias del predio Francisco Villa, ya que el grupo de la OCEZ-DI como ya se
mencionó, lanzó la amenaza de que el día de mañana 22 de septiembre entrarán de
nuevo para tomar posesión del predio y
que esta vez habrá muchos muertos. Por lo que alertamos a los organismos de
derechos humanos y les solicitamos que
de manera urgente emitan cartas y llamamientos al gobierno mexicano para
impedir que se concretice una masacre que nos remita a la situación que
prevaleció en el Estado de Chiapas durante los años de 1997 y 1998, en que
grupos paramilitares fueron responsables de masacres en el norte de Chiapas y
en Acteal.
Diversos
testimonios nos señalan que detrás de esta agresión están los intereses del
gobierno del Estado y de empresas mineras como la Blackfire , ya que
pretenden destruir y desarticular cualquier proceso de oposición de las
comunidades y pueblos a la minería generando un clima de temor y violencia,
usando para ello un grupo de choque y de
corte paramilitar y delincuencial como lo es la OCEZ-DI , organización que
apoyó al PRI-PVEM en la región y que es aliada de los intereses de las empresas
mineras que continúan operando en la región
Valoramos
que esta situación de agresión por parte de la OCEZ-DI no puede
desvincularse de la realización del 2do. Foro sobre la minería y la defensa de
la tierra y el territorio, realizado el pasado 15 de septiembre en el ejido
Santa María, municipio de Chicomuselo. Comunidad perteneciente a la OCEZ-DI y que ha pactado
con la minera Blackfire para continuar con la explotación minera de manera
encubierta. Desde entonces distintos espacios y organismos de la sociedad civil
nos preocupamos de las posibles reacciones que pudiera generar realizar un foro
de esta naturaleza en una comunidad en donde la mayoría de los ejidatarios está
a favor de la actividad minera.
Señalamos
que el grado de violencia del grupo perpetrador tiene elementos que nos remiten
a los patrones y estrategia de grupos paramilitares que actuaron en Chiapas de
manera impune durante los años de 1997 y 1998. La violencia desatada por este
grupo de corte paramilitar perteneciente a la OCEZ-DI es similar a los
grupos responsables de la masacre de Viejo Velasco Suárez en el año 2006, o de
los grupos paramilitares plenamente identificados responsables de la masacre de
Acteal en diciembre de 1997, y que actualmente gozan de la impunidad
gubernamental que les otorgó la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
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