(Secretario General de la Sección XVIII SNTE-CNTE Michoacán)
Considerandos:
1.- La crisis que enfrenta nuestro país es una de las más graves en toda su historia. El Estado nacional, la soberanía y el pueblo de México están en riesgo.
Esta crisis sólo podrá remontarse mediante el cambio del sistema de dominación oligárquico, la república de los pocos, por un nuevo régimen económico, político y cultural que garantice la soberanía de la nación sobre su economía y sus recursos naturales; la independencia del Estado Mexicano frente a las potencias extranjeras y empresas multinacionales; el ejercicio de la democracia participativa y la plena vigencia de los derechos humanos o derechos de ciudadanía: empleo, tierra, alimentación, vivienda, salud, seguridad, paz, educación y cultura para tod@s l@s mexican@s.
2.- Las dirigencias de los partidos de la derecha: PRI, PAN, PVEM y PANAL, la oligarquía mexicana, la alta burocracia y los intereses imperiales de multinacionales y gobiernos extranjeros, son los responsables y beneficiarios de la actual crisis; representan el principal obstáculo social y político para la solución de los grandes problemas nacionales. Han subordinado al país a tratados económicos y políticos internacionales lesivos para los mexicanos y han aplicado políticas neoliberales que, en los últimos 30 años, revirtieron la soberanía económica y política de México e inauguraron un nuevo proceso de recolonización y ocupación de nuestro territorio.
3.- La privatización, el desmantelamiento de la industria y la economía nacionales y la desnacionalización de sus sectores estratégicos: energético, agropecuario, educativo, financiero, de comunicaciones y minero, entre otros, debilitó el mercado interno y provocó el desplome de los salarios como nunca antes, el desempleo y la precarización laboral. A contracorriente de las leyes laborales y de los progresos logrados en el siglo XX, la migración económica forzada, la informalidad, el “outsourcing” y nuevas formas de trabajo servil y esclavo, se han convertido en la normalidad de las relaciones laborales. La búsqueda de ganancias extraordinarias, rápidas y fáciles, profundizó la rapacidad de la oligarquía mexicana, de sus políticos a sueldo y de los intereses y empresas extranjeros, que optaron por la puesta en marcha de una economía depredadora al amparo de la impunidad brindada por un régimen político cada vez más dictatorial y antinacional.
4.- La descomposición social y política provocada por la proliferación de la delincuencia y del crimen organizado, está abriendo el paso a la configuración de un Estado delincuencial o mafioso, mediante la violación a los derechos humanos y ciudadanos. Ejemplo claro de esta tendencia son los fraudes electorales perpetrados por Salinas y Calderón, que han servido para imponer una economía de casino, cimentada en la especulación, la bandidaje, el tráfico de influencias, la privatización de bienes y servicios públicos, el castigo a los salarios, el despojo de tierras y recursos naturales y la corrupción. La ausencia de una autoridad democrática ha permitido el crecimiento del crimen organizado, el narcotráfico, el tráfico de personas, el contrabando de armas y mercancías y el lavado de dinero. Las causas principales de la expansión de la violencia y de la inseguridad derivan del modelo económico neoliberal y delincuencial por el que optaron los potentados que dominan nuestro país. El desastre actual, la pobreza, la desesperanza y la falta de futuro para jóvenes, niños y la mayoría de los mexicanos y las mexicanas, sólo podrán revertirse con políticas de bienestar –educación y trabajo para todos– que reconstruyan el tejido social y con la participación activa de los ciudadanos en la construcción de instituciones democráticas que desmantelen las redes políticas y económicas que se alimentan de la economía criminal en nuestro país.
5.- Frente a las tentaciones autoritarias para mantener un modelo económico depredador, cuya crisis tiene consecuencias devastadoras para la vida de los mexicanos y para la economía nacional, es urgente cimentar la unidad nacional de quienes estén dispuestos a transformar la realidad del país y enfrentar a los responsables del desastre. Es necesaria la unión de quienes buscan reconstruir la nación a partir de la lucha por la soberanía, la justicia social y la democracia desde el pueblo. Para enfrentar la situación de emergencia nacional, se requiere constituir nueva mayoría compuesta por las clases trabajadoras y por todos los elementos patriotas, demócratas y progresistas que trabajen a favor del interés nacional y popular.
A partir de los considerandos antes enunciados, Andrés Manuel López Obrador, aspirante a la Presidencia de la República por el Movimiento Progresista, y la Organización del Pueblo y los Trabajadores, signamos los siguientes compromisos a modo de preámbulo de lo que más adelante será nuestra plataforma común y un plan de campaña nacional que lleve a nuestro pueblo a la Presidencia de la República en la persona del compañero Andrés Manuel.
Compromisos mínimos:
a.- Restitución de la legalidad constitucional.
b.- Democracia participativa: revocación de mandato, referéndum, consulta publica, candidaturas ciudadanas, democratización de los medios de comunicación y derecho a la información. Acabar con la partidocracia con una nueva legislación electoral que permita el registro de nuevos partidos y la ciudadanización de los órganos electorales. Democratizar el poder judicial y elección de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el voto popular. Reducción sustancial de los salarios y de los privilegios de la alta burocracia de los poderes del Estado y de los órganos electorales. Ningún funcionario debe ganar más de 50 mil pesos mensuales ni tener aumentos superiores a los fijados al salario mínimo.
c.- Consulta nacional y referéndum sobre los tratados internacionales que lesionan la soberanía nacional.
d.- Revisión y ajuste de las leyes que regulan la propiedad de la tierra en el campo, las concesiones mineras, de telecomunicaciones, hídricas y de todo el sector energético. Revisión y saneamiento de las deudas públicas.
e-.- Aprobación de los Acuerdos de San Andrés sobre derechos y cultura indígenas. Promover un programa de rescate al campo.
f.- Establecimiento de los derechos de ciudadanía, de un mínimo vital que garantice el derecho universal a empleo digno, alimentación, salud, vivienda, tierra, educación y cultura.
g.- Defensa de la educación pública, gratuita y laica. Rechazo a la reforma neoliberal a la educación y a la llamada Alianza por la Calidad de la Educación.
h.- Respeto a la vida interna de los sindicatos y de las organizaciones sociales. Restitución del empleo y sus condiciones de trabajo a los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas. Solución a las demandas del Sindicato Minero y a l@s trabajador@s de Mexicana de Aviación. Restituir Luz y Fuerza del Centro.
i.- Restitución de los fondos de jubilación y vivienda a los trabajadores. Administración pública y social de los fondos de ahorro. No a las nuevas leyes del Seguro Social y del ISSSTE.
j.- Libertad a los presos políticos y presentación de desaparecidos.
k.- Plan para poner fin a la guerra fratricida desatada por Calderón y el gobierno de los Estados Unidos. Por una Paz con Justicia y Dignidad.
Al cobijo de los héroes que nos dieron patria, bajo las banderas de la clase trabajadora y el compromiso con la soberanía y libertad de nuestra patria, suscribimos el presente Pacto de Unidad para hacer realidad el cambio que necesita nuestro país. Con el pueblo y los trabajadores el cambio verdadero está por venir.
Villa Nicolás Romero, estado de México, a 4 de Febrero de 2012.
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