San Cristóbal de Las Casas
Chiapas, 21 de junio de 2012.- (a3).-A 16 años de la desaparición forzada de la
indígena Minerva Guadalupe Pérez Torres y otras víctimas del conflicto armado
interno en Chiapas, el Estado Mexicano, desconoce el involucramiento y
responsabilidad.
Al respecto el Centro de Derechos Humanos Fray
Bartolomé de las Casas AC, dio a conocer que el 20 de Junio de 1996, Minerva
Guadalupe Pérez Torres, mujer del pueblo chol, quien entonces tenía 19 años de
edad, se dirigía a la comunidad Masojá Shcjá, Tila para visitar a sus padres,
cuando en el poblado Miguel Alemán, fue interceptada por un grupo de personas
pertenecientes al grupo paramiliar Paz y Justicia, donde fue agredida
físicamente y fue detenida en la casa de uno de los integrantes de ese grupo,
según testimonios de integrantes de Paz y Justicia, obtenidos por el Frayba.
Añade que en esa casa de en el secuestro que
duró tres días, Minerva, fue golpeada y violada sexualmente y a 16 años de esos
aberrantes hechos, todavía se desconoce su paradero.
Aclara que por lo mismo se aportó la
información correspondiente sobre esa desaparición forzada a la Subprocuraduría
de Investigación Especializada contra la Delincuencia Organizada (SIEDO),
dependencia de la Procuraduría General de la República (PGR), que declinó el
caso y posteriormente ante la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por
Servidores Públicos, donde se desconoce el avance en la investigación.
Aseveró que hasta que, por la omisión,
incumplimiento y falta de voluntad por parte del gobierno del estado, ese
Centro de Derechos Humanos, en coordinación con los familiares de las víctimas,
presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
con sede en Washington, D.C., por las desapariciones y ejecuciones en la zona
norte de Chiapas, ejecutadas por el grupo paramilitar Paz y Justicia.
Añadió que la desaparición forzada de Minerva,
entra en el marco de una estrategia de guerra de baja intensidad implementada
por el gobierno mexicano contra la población civil y enmarcada n una política de
contrainsurgencia detallada en el Plan de Campaña Chiapas 94.
Subrayó que Minerva fue elegida
premeditadamente por el hecho de ser mujer, víctima de la guerra y del abuso
del poder ejercida en su contra por parte de los paramilitares de Paz y
Justicia, con la anuencia y la participación activa del gobierno federal, encabezado
en ese entonces por Ernesto Zedillo Ponce de León, ese grupo fue impulsado,
entrenado y financiado con recursos públicos a cambio de votos, utilizándolos
como instrumento para imponer el terror en la población civil en la zona norte
de Chiapas.
Aclaró que entre 1995 y 2000, tan solo en la
zona norte del estado, se registraron las desapariciones forzadas de 32 hombres
y 5 mujeres, así como las ejecuciones de siete mujeres y 78 hombres, por un
total de 122 casos que quedan en la impunidad, además del desplazamiento
forzado de 12 mil personas.
Indicó que en Chiapas, la violencia contra las
mujeres aumentó con el fenómeno de la militarización y en esa estrategia de
contrainsurgencia, ese sector ha sido y sigue siendo utilizado como botín de
guerra, sometidas a actos de tortura, violencia sexual y agresiones a su
dignidad personal.
Aseveró que entre otros casos de mujeres
asesinadas, desaparecidas forzadamente y violadas sexualmente se encuentran los
casos de las hermanas tseltales Ana, Beatriz y Celia López Alvarez, así como el
de Minerva, Hermelinda Pérez Torres, Brigida Gutiérrez Pérez, Celina López
Álvarez, Gabriela Martínez Martínez, Guadalupe Hernández Jiménez, Guadalupe
Sánchez López, Hermelinda Martínez Martínez, Marcelina López Pérez, María Rebeca
Pérez Pérez, así como las mujeres y niñas asesinadas en Acteal, entre otras.
“Para el Frayba, es de suma
importancia recordar los hechos, las víctimas, la memoria, para vencer la
impunidad, el olvido y dar fuerza a la esperanza, a que se conozca la verdad,
para alcanzar la justicia con dignidad para que se castigue a los responsables
de los crímenes de lesa humanidad y el Estado Mexicano, reconozca sus
responsabilidades en esa política de destrucción, violencia y muerte”, acotó.
Finalmente dijo que el Estado Mexicano, debe
cumplir con el compromiso asumido al ratificar los instrumentos internacionales
y en el caso especifico de las mujeres con la Convención Interamericana, para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de la mujer.(Héctor
Guerra a3)
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